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20 abr. 2015

Obligatoriedad de los "ajustes razonables" en materia de accesibilidad

Cada vez más Comunidades se enfrentan a cuestiones relacionadas con la mejora de la accesibilidad en sus bloques de viviendas.  En este post intentaremos aclarar tanto las últimas novedades en su ámbito normativo como la implicación de las mismas en las Inspecciones Técnicas de los Edificios (ITEs).

La normativa actual en materia de accesibilidad, el Real Decreto Legislativo 1/2013 Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social y la que la aborda de forma transversal, Ley 8/2013 ­de rehabilitación, renovación y regeneración urbanas, definen y obligan a realizar ajustes razonables de accesibilidad en edificios existentes antes del 4 de diciembre de 2017.

Así, el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, establece en su disposición adicional tercera, que antes del 4 de diciembre de 2017 todos los edificios deberán cumplir en medida en que sus condicionantes de partida lo permitan el DB-SUA (Código Técnico de la Edificación).

Siguiendo este criterio nos debemos remitir al Real Decreto Legislativo 1/2013 que en su artículo 2, apartado m), indica y concreta lo que son estos ajustes razonables:

      “son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas del ambiente físico, social y actitudinal a las necesidades específicas de las personas con discapacidad que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular de manera eficaz y práctica, para facilitar la accesibilidad y la participación y para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos”

Complementariamente, el Codigo Técnico, en el DB-SUA, recoge: 

        "Cuando la aplicación de las condiciones de este DB en obras en edificios existentes no sea técnica o económicamente viable o, en su caso, sea incompatible con su grado de protección, se podrán aplicar aquellas soluciones alternativas que permitan la mayor adecuación posible a dichas condiciones"

Con todo esto tenemos que antes del 4 de diciembre de 2017 todos los edificios deberán realizar las modificaciones y adaptaciones necesarias que no impongan una carga desproporcionada (ajustes técnicos razonables), para mejorar la accesibilidad a los usuarios del mismo con discapacidad o mayores de 70 años. A partir de este momento surge la duda de cómo cuantificar la “carga desproporcionada”. Para resolver esta cuestión, la Ley 8/2013, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana, concreta en su artículo 2, apartado 4, que se entiende por ajuste razonable:

       Se entenderá que la carga es desproporcionada, en los edificios constituidos en régimen de propiedad horizontal, cuando el coste de las obras repercutido anualmente, y descontando las ayudas públicas a las que se pueda tener derecho, exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes”.

Si el importe de las medidas de mejora superan esta cantidad, el/los interesados en la misma, podrían aportar la diferencia y considerarse la misma como ajuste razonable, al entrar en ese margen de las 12 mensualidades.

Las Inspecciones Técnicas de Edificios en el Pais Vasco recogen un apartado específico de análisis del estado de accesibilidad actual de los edificios que, en principio, sólo tiene carácter informativo, donde el técnico inspector debe hacer referencia al número de potenciales usuarios que requieran de las mejoras, importes de cuota comunitaria... con el fin de anticipar cuales serán los ajustes necesarios exigibles en materia de accesibilidad.


2 comentarios:

  1. Como con otras legislaciones reguladores de ciertos temas, como la eficiencia energética por poner un ejemplo en boca de muchos en estos años, una redacción "laxa" y ambigua que conlleva nuevamente a una aplicación difícil de materializar.

    La accesibilidad (al igual que la eficiencia energética) en nuestro país es una asignatura MUY pendiente, que se lleva un contundente "NECESITA MEJORAR" de los de las calificaciones de antaño.

    No se aplica de forma clara ni si quiera en edificaciones de pública concurrencia, y cuando se aplica, en muchas ocasiones se hace mal, con soluciones mal planteadas o donde no se han valorado todas las alternativas viables técnicamente...
    Ya en edificaciones de uso privativo mejor ni hablamos...
    Tenemos un parque inmobiliario antiguo y donde aplicar reformas conducentes a una mejora de la accesibilidad es muchas veces extremadamente costoso, debido a que en el momento de la proyección de dichos edificios, no se tuvieron en cuenta unos mínimos de sentido común...
    Como en otros muchos temas, una falta de previsión y de planificación en la fase de concepción y proyección del edificio, conlleva una inversión mucho mayor para subsanar a posterior esa falta de previsión.

    Y todo esto, sin olvidarnos de la coyuntura económica que tenemos encima, donde en la inmensa mayoría de las comunidades de vecinos no hay una predisposición a realizar inversiones de dinero en este tipo de mejoras...(solo hay que echar un vistazo a los datos respecto al cumplimiento de la normativa de eficiencia energética)

    Por último, tampoco se puede decir que la sociedad española sea una sociedad especialmente comprometida con cuestiones cívicas y medioambientales, sobre todo cuando estas cuestiones "atacan" al bolsillo...

    En cualquier caso, toda mejora, por pequeña que sea (concienciación de la ciudadanía y de los técnicos en esta materia) será positiva.

    Un saludo.

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    1. Muchas gracias por tu aportación Borja.

      Totalmente de acuerdo en cuanto a que estas últimas legislaciones, que parecen obedecer a un intento de concienciación de la ciudadanía, no llegan a cumplir su propósito. Bien por el escaso compromiso al que te refieres, bien por la carga económica que pueden llegar a suponer.

      Si a eso le unimos una redacción desafortunada que da lugar a diferentes interpretaciones (como la que se refiere a la repercusión anual para la consideración de carga desproporcionada), nos encontramos con otro trámite obligatorio que, mal enfocado, podría perder toda la función social que persigue.

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